En menos de dos años, las tres empresas recibieron 12 contratos por más de 46 millones de pesos del Municipio de Juárez, eso ocurrió entre marzo de 2019 y abril de 2021.
Por Jonathan Álvarez
–Con información de Miguel Silerio, de Yo Ciudadano
Ciudad Juárez, 02 de agosto (LaVerdadJuárez).– José Ramón Sosa Galán es un hombre de 56 años que trabaja tres días a la semana como obrero de maquiladora y otros tres días en un bar de la zona centro; además, posee un negocio informal en el exterior de su domicilio, en un barrio popular del poniente de Ciudad Juárez, donde tiene a la venta algunos muebles y electrodomésticos usados.
Sin embargo, en documentos, José Ramón aparece como socio de Eco Insumos Industriales S.A. de C.V. y Soluciones Empresariales Orión S.A. de C.V. dos empresas proveedoras del Gobierno Municipal de Juárez.
El obrero y vendedor de artículos usados asegura que no tiene conocimiento de que es dueño de empresas y menos que es proveedor del Gobierno. Tampoco sabía que desde 2016, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo catalogó como una persona física que emite facturas falsas.
Las empresas en las que José Ramón aparece como socio forman parte de una red de tres compañías vinculadas entre sí: dos comparten socio, administrador y operan en el mismo domicilio, junto a otra que igualmente es proveedora del municipio, Global Supply & Services, S.A de C.V., cuyo administrador, Juan Manuel Reyes Portillo, es señalado también por el SAT como «facturero», por emitir facturas falsas.
Juan Manuel además es hermano de quien administra a las otras dos empresas, identificado como Ricardo Reyes Portillo, se pudo corroborar.
En menos de dos años, las tres empresas recibieron 12 contratos por más de 46 millones de pesos del municipio de Juárez, eso ocurrió entre marzo de 2019 y abril de 2021, en la segunda gestión de Armando Cabada Alvídrez, se desprende de una investigación realizada con base en documentos y datos oficiales.
Además, en la revisión de los documentos se encontró que Eco Insumos Industriales y Soluciones Empresariales Orión han concursado a la vez en una licitación para obtener el servicio de mantenimiento de las plantas tratadoras del municipio, a través de la modalidad restringida, donde la participación se genera a invitación expresa de funcionarios.
Esa es una práctica que está prohibida dentro de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, opina el titular de la Auditoría Superior del Estado, Héctor Alberto Acosta Félix, consultado sobre el tema.
En caso de comprobarse, advierte, amerita una multa – de 100 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, tasado actualmente en 86.92 pesos– y la inhabilitación de los proveedores, de acuerdo con el Artículo 109 de la Ley de Adquisiciones.
A partir de marzo de 2019 estas empresas comenzaron a ser beneficiadas con contratos para proveer bienes y servicios diversos, desde el sector alimenticio hasta el sector médico. Algunos de estos documentos fueron firmados con sólo un mes de diferencia y otros, el mismo día, se encontró.
Sobre la situación, Víctor Manuel Ortega Aguilar, Administrador de la Ciudad, comenta que el municipio no tiene forma de identificar a las empresas que han cometido alguna irregularidad ante el SAT y ni tampoco es un juzgado para determinar la legalidad de los que aparecen como sus socios o directivos.
A la fecha en la que se firmaron los contratos, los proveedores debieron de contar con la opinión positiva expedida por autoridad en materia fiscal, explica.
De acuerdo con el administrador de la ciudad, las empresas interesadas en darse de alta como proveedoras del municipio deben de contar con una opinión positiva del SAT, la cual contiene un código QR que es validado por la Contraloría Municipal.
Sin embargo, concede que hay proveedores que han engañado al municipio y han falsificado documentación, pero no abunda sobre esos casos.
⚠️ INVESTIGACIÓN ⚠️
Entre 2019 y abril de 2021, el gobierno de #CiudadJuárez otorgó 12 contratos por 46 mdp a 3 empresas vinculadas entre sí y que tienen entre sus directivos a personas identificadas por el SAT como ‘factureros’ .Por @Jonatha26884353 https://t.co/SP4RyriwdL
— La Verdad (@LaVerdadJz) August 2, 2021
“Ha habido empresas que nosotros hemos boletinado y que le hemos dado vista a la contraloría porque trataron de engañarnos falsificando documentación (…) no me acuerdo de las empresas, pero fue entre el año 2017 o 2018”, afirma en entrevista.
Para este trabajo también se solicitó entrevista con los representantes de las tres empresas proveedoras del municipio de Juárez, sin que hasta el momento hayan respondido.
«QUIERO VER QUIÉN ESTÁ METIENDO LAS FACTURAS»
De acuerdo con el Registro Público del Comercio, José Ramón Sosa Galán comparte acciones con José Antonio Cázares Pérez en Eco Insumos Industriales y con Rafael Quiñones Villarreal, en Soluciones Empresariales Orión.
El hombre, que vive en la colonia Independencia II, asegura que desconoce su participación y las operaciones realizadas por esas empresas. Sin embargo, recuerda que en 2014 formalizó una empresa de la cual supuestamente se separó desde el año 2016 por no recibir ganancias.
Dice que no recuerda el nombre, pero sí a qué se dedicaba: “si alguien necesitaba una máquina de computadora, nosotros le dábamos el precio y se las mandábamos, hacíamos el presupuesto, yo la compraba y revendía”.
Sobre su socio, lo único que asegura recordar es que lo conoció en el bar en él que trabaja en la zona centro. Tenía la idea de abrir un negocio, quería abrir un bar, sin embargo, terminó abriendo una empresa a la cual le invirtió un capital inicial de 50 mil pesos.
De acuerdo con José Ramón, su socio no le reportaba ganancias por lo que decidió deslindarse de la empresa; a pesar de ello, desde 2016 se han facturando bienes y servicios a nombre de las dos empresas, en las cuales su nombre se mantiene como uno de los socios.
Desde ese mismo año, el SAT lo boletinó como «facturero» por facturar operaciones simuladas.
“A mí no me han dado ningún citatorio del SAT ni nada”, asegura el hombre, quien durante la entrevista se entera que para la autoridad tributaria él es persona que emite comprobantes de operaciones inexistentes.
José Ramón dice que desde hace algunos meses ha tenido problemas para recibir su sueldo como empleado de maquiladora a través de su tarjeta bancaria.
“Algo están haciendo con sus cuentas” es la respuesta que recibe de la ejecutiva del banco.
No tiene ni idea si esa situación ocurrió desde que el SAT lo boletinó como persona que emite facturas falsas, al que asegura desconocía.
“Quiero ir al SAT y a CONDUCEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) para que me expliquen por qué nunca me reciben dinero en el banco, me tienen que pagar con cheque (en la maquiladora)”, menciona.
Asegura que se ha tratado de localizar a su socio, para solucionar su situación con el banco. “Quiero arreglar el problema para ver quién está metiendo las facturas, pero le hablo y no me contesta (…) tengo problemas de que ‘debes aquí y debes allá’”.
El 8 de septiembre de 2016, el SAT emitió una resolución definitiva de su situación fiscal y confirmó su situación como persona física que emite comprobantes sin tener “activos, infraestructura, o capacidad material, directa o indirectamente para prestar los servicios, producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes” como se refiere en el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Aun cuando el SAT catalogó a José Ramón como persona que emite facturas falsas, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las dos empresas en las que aparece como socio no están en esa lista de «factureras».
En las actas originales de constitución de las dos empresas en las que José Ramón aparece como socio su segundo apellido se menciona con Galván, pero luego se hizo una inscribió donde se rectificó su nombre correcto lo que aseguran fue un “error de computo”.
12 CONTRATOS, 46 MILLONES DE PESOS
De marzo de 2019 a abril del 2021, el municipio de Juárez adjudicó 12 contratos millonarios a las tres compañías mencionadas, para la compra, entre otras cosas, de bolos navideños, clínica móvil, calentones y cobijas, así como el mantenimiento de plantas tratadoras.
De esos contratos, ocho se otorgaron a Eco Insumos Industriales y Soluciones Empresariales Orión, las dos empresas en las que aparece como socio José Ramón. Ambas sociedades comparten oficina en el edificio de un centro de negocios ubicado en el número 7896 de la calle Pedro Rosales de León.
En el mismo domicilio opera la compañía Global Supply & Services, pudo corroborar La Verdad. Otra de las empresas proveedora del municipio y cuyo administrador también aparece en la lista negra de personas que emiten facturas falsas.
Eco Insumos Industriales fue creada en junio de 2016, cuatro meses antes del inicio de la administración de Armando Cabada Alvídrez, mientras que Soluciones Empresariales Orión fue legalmente constituida en septiembre de 2014, se desprende de documentos oficiales.
Además de compartir domicilio, las dos empresas también comparten representante. De acuerdo con la constancia de registro de proveedor emitida por el municipio, Ricardo Reyes Portillo es el representante de Soluciones Empresariales Orión, mientras que esta misma persona fue nombrada con facultades para pleitos y cobranzas de Eco Insumos Industriales.
El 29 de julio de 2020, una persona identificada como José Antonio Cázares Pérez fue designado administrador único de la sociedad; para esta fecha, el municipio de Juárez ya había otorgado tres contratos a la empresa.
El catálogo de servicios y productos de estas dos empresas es amplio, pues han ofrecido desde bolos navideños hasta la reparación de plantas tratadoras del municipio de Juárez.
Aunque las empresas no están registradas como comercializadoras, en ambas, el objeto social del acta constitutiva contempla un extenso catálogo de productos y servicios, entre los que se encuentran la venta de alimentos naturales y procesados, artículos y materiales de ferretería y tlapalería, artículos de oficina, insumos para la maquiladora, entre otros.
En tres de los cuatro contratos adjudicados a Eco Insumos Industriales, el objeto social referido no está relacionado con los servicios y bienes vendidos al municipio de Juárez, pues en los contratos reportan que su objeto es “la compra, venta, exportación, arrendamiento y distribución de toda clase de artículos y materiales de ferretería, tlapalería, materiales eléctricos, plomería, vidrios, pinturas, fierros, láminas y herramientas en general, así como electromagnéticas”, se pudo constatar en documentos oficiales.
Sin embargo, lo que le ofrece al municipio son bolos navideños, calentones y cobijas.
El 29 de marzo de 2019, se adjudicó un contrato a Soluciones Empresariales Orión para la adquisición de paquetes escolares del Programa «Mochilaton 2019», por un monto de 3 millones 407 mil 302 pesos. En este caso, la dirección requirente fue Educación, encabezada por Martha Beatriz Córdova.
Casi cuatro meses después, el 17 de julio de 2019 se firmó otro contrato con Soluciones Empresariales Orión por un monto de un millón 485 mil 072 pesos. El objeto de este contrato difiere con el objeto del primer contrato para el cual fue contratada, pues en esta ocasión fue para prestar servicios de reparación y mantenimiento en plantas tratadoras del municipio de Juárez. En este caso, el área convocante fue la Dirección General de Servicios Públicos, cuyo titular en ese entonces era Daniel Pando Morales.
Inmediatamente al día siguiente, el 18 de julio de 2019, el municipio celebró otro contrato con Eco Insumos Industriales, en esta ocasión para comprarle 25 mil bolos navideños por un monto de 437 mil 500 pesos. El contrato para la adquisición de bolos para las fiestas decembrinas fue realizado con medio año de anticipación. En este caso, el área convocante fue la Dirección de Desarrollo Social, cuya titular en esa fecha era Marisela Vega Guerrero.
La dirección de Desarrollo Social volvió a contratar a Eco Insumos Industriales el 6 de agosto de 2019, en esta ocasión para solicitarle cobijas para la temporada de invierno. Por este servicio, el municipio pagó dos millones 289 mil 600 pesos a cambio de 20 mil cobijas.
El último contrato celebrado ese año también estuvo a cargo de Desarrollo Social, esta vez ya con Laura Domínguez Esquivel como titular. El 2 de diciembre se contrató nuevamente a Soluciones Empresariales Orión, esta vez para la adquisición de dos mil 500 calentones por un monto de cuatro millones 932 mil 900 pesos.
Una compra similar se hizo de nueva cuenta en Desarrollo Social, el 21 de octubre de 2020, pero ahora se contrató a Eco Insumos Industriales para surtir de calentones de leña por un monto total de tres millones 489 mil 909 pesos. De acuerdo con el contrato, se trata de calentones ecológicos fabricados con láminas.
Desarrollo Social volvió a celebrar otro contrato con Soluciones Empresariales Orión, también para un programa de temporada invernal pactado el 20 de agosto de 2020. Esta vez se erogaron 848 mil 250 pesos por seis mil 500 cobijas.
También en agosto del 2020 se adjudicó a Eco Insumos Industriales el contrato DCA/DGCC/128/2020 para la adquisición de una clínica móvil solicitada por la Dirección General de Centros Comunitarios encabezada por René Carrasco Gómez. Por esta operación se erogaron cinco millones 732 mil 758 pesos a favor de Eco Insumos.
EMPRESA ADMINISTRADA POR FACTURERO RECIBE 4 CONTRATOS
La compañía Global Supply & Services S.A. de C.V. se aloja en el mismo complejo de negocios que Eco Insumos Industriales y Soluciones Empresariales, en la calle Pedro Rosales de León.
De agosto de 2020 a abril de 2021, el municipio otorgó cuatro contratos a esta compañía que reporta como administrador a Juan Manuel Reyes Portillo, quien también desde noviembre de 2016 es identificado por el SAT como una persona que emite facturas falsas, bajo el supuesto del Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Reyes Portillo es administrador único de la empresa Global Supply & Services desde febrero de 2018; dicha empresa ha obtenido por lo menos cuatro contratos en menos de dos años, que suman un monto de 23 millones 682 mil 691 pesos, de acuerdo con documentos oficiales.
En papel, los dueños de Global Supply son Jorge Alberto Dueñas Torres, David Sánchez, Sergio Anselmo Gamez Rodríguez, Ana Rosa Herreta Ritte y Sergio Huerta Arneros.
El primer contrato otorgado por el municipio a Global Supply & Services fue firmado el 10 de agosto de 2020, el cual tenía por objetivo la compra de material de ferretería, pintura y material de limpieza solicitado por la Dirección General de Servicios Públicos, por un monto de 869 mil 325 pesos.
Un segundo contrato se firmó justo un mes después, el 10 de septiembre de 2020, para la compra de material eléctrico, refacciones, accesorios y lubricantes para el mantenimiento de las plantas tratadoras del municipio, por un monto de dos millones 408 mil 555 pesos.
El tercer y cuarto contrato se firmaron el mismo día, el 8 de abril de 2021. Uno de los contratos contempló la compra de equipo médico dental por un monto de cuatro millones 477 mil 774 pesos y el otro, para la compra de dos mastógrafos, por los que se erogó la mayor cantidad hasta el momento, con 15 millones 927 mil 036 pesos.
Ambos contratos fueron firmados y avalados el mismo día por René Carrasco Gómez, director general de Centros Comunitarios.
De acuerdo con registros documentales oficiales, Juan Manuel Reyes Portillo fue director de la Dirección de Evaluación y Planeación durante la administración municipal 2010-2013, a cargo de Héctor Murguía Lardizábal.
INVITADOS POR EL MUNICIPIO
El contrato para el mantenimiento y reparación de las plantas tratadoras del municipio de Juárez fue adjudicado mediante un proceso de licitación bajo la modalidad de invitación de “cuando menos a tres proveedores”. Dos de estas empresas invitadas fueron Eco Insumos Industriales y Soluciones Empresariales Orión.
El 28 de junio de 2019, el municipio hizo llegar las invitaciones a estos proveedores, en donde se indica que el municipio “tiene a bien hacerles una cordial invitación para participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores”.
De acuerdo con el Administrador de la Ciudad, Víctor Manuel Ortega Aguilar, el que participen dos empresas con los mismos accionistas es ilegal.
“Si tenemos a dos empresas cuyos accionistas son los mismos en las mismas empresas, eso es ilegal. Es parte de las cosas que revisa el Comité de Adquisiciones a la hora de dictaminar (…) yo no soy quien te podría decir por qué se les invitó a participar, me sorprende esa información”, aseguró el funcionario.
El Artículo 70 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas indica que se considera colusión cuando “los particulares acuerden o celebren contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto sea obtener un beneficio indebido u ocasionar un daño a la Hacienda Pública”.
Los lineamientos dictados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua en su Artículo 73 establece que solo se podrá usar la modalidad de “invitación a cuando menos tres proveedores” cuando no existan servicios alternativos o que en el mercado exista una sola persona que oferte los servicios. También cuando peligre la vida de las personas, el orden social, la economía y los servicios públicos.
Esta no es la primera vez que el municipio contrata a «factureros» que emiten comprobantes falsos, en junio de 2020, una investigación de Iniciativa Sinaloa publicada por La Verdad, dio a conocer que el municipio contrató a una decena de contribuyentes irregulares o «empresas de papel» entre 2014 y 2017, alcanzando las administraciones municipales de Enrique Serrano Escobar y Armando Cabada Alvídrez.
Fue en la administración de Armando Cabada Alvídrez cuando, de acuerdo con el reportaje, se pagó la mayor cantidad de recursos a este tipo de proveedores irregulares con un total de 41 millones de pesos.
En esta ocasión el monto erogado en contrataciones a empresas cuyo accionista y administrador tienen operaciones irregulares frente al SAT, asciende a los 46 millones de pesos, sin que hasta el momento existan sanciones o alguna investigación abierta.
